miércoles, 11 de septiembre de 2013

¡MÁS TRES AÑOS Y DIEZ MESES INJUSTAMENTE PRIVADOS DE LIBERTAD; SIN SENTENCIA, SIN PRUEBAS REALES EN CONTRA, EXIJIMOS JUSTICIA!

Nosotros, familiares, amigos(as), cónyuges y conocidos(as) de los acusados JOSÉ MANUEL DELMORAL  ORTEGA, CARLOS ADÁN GONZÁLEZ ORTEGA Y LUIS ÁNGEL AGUILARTE MARIÑO, denunciamos que están siendo injustamentamente acusados por la muerte del pastor evangélico JEAN CARLOS SALAZAR, su esposa e hija, sin pruebas de ningún tipo, y tienen tres años y diez meses privados de la libertad, exactamente desde noviembre del 2009. El juicio oral y público ordenado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, empezó el 14 de Agosto del año 2012 y un año después,  el día 14 de agosto del año 2013, por orden del Tribunal de Juicio N° 2 y por causas que desconocemos, el juez de la causa, Dr. CRUZ BASTARDO, fue desincorporado del cargo del Tribunal donde se juzgan a nuestros amigos. Actualmente está asignada la Dra. ADNESIS BASTIDAS, quien el día lunes 02 de Septiembre del año 2013 dictó un auto donde declaraba interrumpido el juicio, por el principio de inmediación, es decir, el Juez que inicia el juicio es quien lo debe terminar y ella por lo tanto no lo podía continuar y le damos perfectamente la razón; convocando la apertura del juicio nuevamente para el día 30 de Septiembre de 2013.

Un año exactamente de juicio, sin sentencia, y tener que empezarlo de nuevo; donde es un año más de vida perdido para estos tres jóvenes; les han robado todo el tiempo que tienen detenidos, por una justicia indolente, tardía, parcializada, discriminatoria, no gratuita; este tipo de justicia les ha robado casi cuatro años de sus vidas y lo que falta.

Hemos visto durante este trágico tiempo; primero, jueces alejados del perfil de un juez que exige el Código de Ética del Juez Venezolano, tales como: culto, autónomo, imparcial, probo, justo; siendo éstas las características de los jueces que les tocó la primera y la segunda fase del proceso en un Tribunal de Control. Sin ser abogados nunca habíamos visto tanta barbaridad y exabruptos jurídicos por parte de un Juez venezolano, ya que se les sometió a la prueba de reconocimiento de individuo en violación al debido proceso, por cuanto el sujeto reconocedor era otra persona que estaba preso con ellos en la misma celda; y por la misma causa, cuando ésta prueba es exclusiva para testigos. Éste tribunal admitió la declaración de este otro preso como prueba anticipada y sin la presencia del resto de las partes, violándoseles el derecho a la defensa. Éste preso delator admitió los hechos, es decir, mató a esas tres personas, les quemó la casa, tenía una banda delictiva, practicó actos lascivos contra una de las víctimas y después de estar en prisión mató a otra persona más, y lo más insólito es que todavía no han pasado la copia del expediente al Tribunal de Ejecución para que se le ejecute la irrisoria pena de ocho (8) años de prisión; que fue la pena que le impusieron por la muerte de esas tres personas.

Fuimos a juicio contando con un Juez justo, probo, culto, imparcial, recto y nos encontramos con algo más de lo mismo; a tal punto que no terminó el juicio porque no le dio la gana, porque ese año hubo como diez diferimientos y el Tribunal no hacía nada para evitarlo; permitía que el Fiscal amenazara al público asistente, manifestándole que los iba a acusar por vilipendio si se seguían riendo de él, y lo más insólito es que su vehículo (el del Juez) sirvió de transporte o de patrulla para trasladar al condenado PEDRO SOLÓRZANO FREITES (el otro preso acusador/delator ya condenado), desde la policía en Guanipa hasta la sede del Tribunal para que rindiera declaración y permitió que una juez del circuito se introdujera en la celda especial donde se encontraba recluido PEDRO SOLÓRZANO, para que lo asesorara en su declaración y señalara a nuestros familiares/amigos como partícipes del hecho.

No hay mal que por bien no venga, por cuanto el despido del juez CRUZ BASTARDO, impidió una sentencia condenatoria y sin pruebas en contra de nuestros seres queridos, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, ya que este Juez tenía la sentencia hecha y pensaba terminar el juicio el día 14 de agosto del 2013 con la declaración de PEDRO SOLÓRZANO, sin importarle a este juez el resto de los expertos y testigos que faltaban por declarar, que en su totalidad eran alrededor de treinta (30).

Casualmente 15 expertos y 15 testigos que formaban parte de los supuestos 87 elementos de convicción con los que contaba el Ministerio Público y la parte querellante para probar la responsabilidad penal de estos jóvenes y lo más grave es que el único indicio que tienen es el dicho del delator PEDRO SOLÓRZANO, quien no puede tener credibilidad de ningún tipo, ya que en su conformación moral y honorabilidad tiene cuatro muertos encima, es un homicida en serie, un matón de profesión y sin embargo el Juez lo montó en su carro a bien tempranas horas de la mañana y lo tenían como un gallo tapado para que declarara y nada de esto se dio, porque la maldad no siempre se da. Era tan asolapada y corrupta esta jugada que el Juez se trajo al preso sin boleta de traslado, y esto lo hizo para que los demás abogados no vieran en el sistema que esta persona iba a declarar ese día, siendo esto una clara evidencia de una parcialidad manifiesta y de mala fe por parte de este Juez. Desconocemos los oscuros motivos que tuvo para hacer esta jugada; gracias a Dios que lo destituyeron.

Cabe destacar que los jóvenes JOSÉ MANUEL DELMORAL ORTEGA, CARLOS ADÁN GONZÁLEZ ORTEGA Y LUIS ÁNGEL AGUILARTE MARIÑO voluntariamente se ofrecieron a que se les practicara una prueba de ADN, la cual fue tomada para su anàlisis en diciembre de 2009, y a esta fecha, todavía no han sido revelados los resultados, puesto todos sabemos que son negativos al compararlos con cualquier prueba en la escena del crimen, y al Ministerio Público no le conviene que nadie se entere de ésto.

Finalmente debemos manifestar a las personas que leen este escrito que no tenemos confianza de la justicia que se administra en la Ciudad de El Tigre, y mucho menos cuando es presionada por una iglesia o grupo evangélico que utiliza todo su poder económico (los diezmos) para pagar marchas, pancartas y una constante campaña en una televisora de la zona, a través del abogado que ejerce representación de las víctimas, y consideramos que lo más sano es que el Tribunal Supremo tome cartas en el asunto, ya sea que nombren a un juez itinerante o lo saquen de la zona. Todo quedará en manos del Tribunal Supremo porque todos estos hechos reprochables realizados por personas del Poder Judicial es un perjuicio para el Tribunal Supremo de Justicia.

EL TIGRE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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